En la actualidad el panorama de la asistencia por parte de la sanidad pública a la salud sexual y reproductiva de los ciudadanos y ciudadanas sigue siendo deficiente. La anticoncepción tiene una cobertura ridícula por parte de la seguridad social: condones, dius, diafragmas, píldoras de bajas dosis –es decir, los métodos más usados– no son financiados por la seguridad social. La píldora del día siguiente solo es financiada en algunas comunidades por iniciativa de los gobiernos autónomos: Cantabria, Baleares?, Andalucía?... y acceder a ella, en muchas ocasiones, supone un desesperante peregrinaje de servicio sanitario en servicio sanitario, siendo la búsqueda, a veces, infructuosa cuando no tardía. En cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sí se considera dentro de las prestaciones de la seguridad social, pero, dado que muchos profesionales sanitarios apelan a la objeción de consciencia, en la práctica la IVE se realiza en la sanidad pública en contadas ocasiones.
Las dificultades de acceso a los Servicios de Planificación Familiar, la no financiación de la mayoría de los métodos, la imposibilidad de realizar las IVE en el marco de la sanidad pública tiene gran repercusión social y condiciona la salud general de las personas.
Así pues la pelea continua.